La Infanta Doña Cristina ha vuelto a ser imputada por el juez José Castro, por segunda vez, en ésta se le acusa de presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales sobre las posibles actividades corruptas del Instituto Nóos, que presidió el marido de Doña Cristina Iñaki Urdangarín, tendrá que declarar en calidad de imputada el próximo 8 de marzo a las 10:00 h.
Castro citó como imputada a la infanta Cristina por primera vez en abril de 2013 y suspendió poco después la citación después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara recurso ante la Audiencia Provincial. En esta segunda ocasión la Infanta ha rechazado recurrir su imputación.
Los delitos que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma atribuye a Doña Cristina están severamente castigados por el Código Penal. El blanqueo de capitales conlleva una pena de cárcel de hasta seis años, además de una multa que puede ser del triple de la cantidad de dinero lavada. El fiscal puede acarrear un máximo de cinco años de estancia en prisión y una sanción pecuniaria de hasta el séxtuplo de la cifra distraída a Hacienda.
El magistrado instructor sostiene que la contabilidad de Aizoon, sociedad instrumental que en estos momentos preside la duquesa de Palma, "distaba mucho de ajustarse a la realidad". Y tilda de "fiscalmente opaco" el reparto de dividendos entre los dos titulares de la empresa familiar: Cristina de Borbón y Grecia e Iñaki Urdangarin.
Ya no se trata de ser monárquico o republicano, de estar a favor o en contra de la monarquía (que personalmente ni me gusta ni me disgusta), se trata de que si “todos somos iguales ante la ley”, ¿por qué no debe pagar la Infanta en caso de que se le culpe de estos delitos? Por ser la hija del Rey sus delitos no deben caer en agua de borrajas sino ser penados exactamente igual que todo hijo de vecino.
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