La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá las “funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de sus servicios”, se puede leer en el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que ha presentado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso El Confidencial.
La norma inicia su trámite parlamentario señalando que habrá multas de hasta 300.000 euros para los infractores, “los responsables de servicios”. La Secretaria de Estado de Cultura explica a este periódico que “en ningún caso contra los usuarios”. A pesar de lo abultado de la sanción, en el texto queda claro que sólo será “en caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada”. Y se especifica la reiteración: “Dos o más veces” de incumplimiento de retirada de contenidos declarados infractores. Llama la atención el desarrollo legal de la norma, casi 50 páginas en las que se presenta sin afinar y queda pendiente de la concreción durante el trámite parlamentario.
De la misma manera, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para que el titular que vea dañados sus derechos pueda “solicitar a un juez la identificación del titular de una web sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo a gran escala contenidos protegidos, de forma directa o indirecta”.
Sí se incluye la posibilidad de la “estrangulación económica de las páginas web infractoras”. Es decir, se podrá requerir la colaboración de intermediarios de pago electrónico y de publicidad incluida en estas páginas de enlaces. ¿Cuándo? Sólo “en caso de falta reiterada voluntaria”. Es curioso, pero la intervención sobre las empresas cómplices queda en el aire: “La Sección Segunda podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicios de intermediación”.
La Secretaría de Estado de Cultura insiste en aclarar que todas estas medidas están dirigidas a los prestadores de servicios, “en ningún caso afectan a los usuarios finales de internet”.
Las reacciones no se han hecho esperar: La Coalición de Creadores considera que este proyecto “no garantiza la eficacia en la lucha contra la piratería ni proporciona seguridad jurídica a las industrias culturales”. Valoran el intento del Gobierno de proteger la propiedad intelectual, pero creen que “no se apuesta por las herramientas más eficaces para la retirada de contenidos ilícitos en internet”. La coalición hace referencia al dictamen ofrecido por el Consejo de Estado que respalda el bloqueo como la medida más eficaz ante la vulneración de los derechos de propiedad intelectual.
Los políticos fracasan con internet. No te gusta el periodista no lo lees y no cometes un delito al no hacerlo.
Con las leyes es distinto...si no te gusta las tienes que cumplir igual o cometes un delito.
Al final seguiremos descargando y pirateando.
Extraido de internet por Daniel Sánchez
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